Documento de trabajo V.5 23.04.2008
EUROSOCIAL JUSTICIA
EUROsociAL Justicia es una iniciativa de cooperación técnica Unión Europea (UE) - América Latina (AL) que forma parte del Programa EUROsociAL y pretende facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre las instituciones públicas del sector Justicia de ambas regiones, con el objetivo específico de aumentar las capacidades de los responsables institucionales de la formulación, aprobación y gestión de las políticas públicas judiciales para mejorar la eficacia y la eficiencia de las mismas en lo que se refiere a la mejora del acceso a la Justicia a los grupos más desfavorecidos.
Este programa representa una iniciativa política que ha nacido de la convicción de que es útil compartir las dificultades y los éxitos; que es posible aprender de las experiencias, aunque pertenezcan a contextos diferentes; que los métodos y las buenas prácticas pueden transferirse con las oportunas adaptaciones; que las personas que conciben las políticas y que las administran no pueden sino enriquecerse de los vínculos intelectuales, profesionales y humanos que establecen; que las motivaciones, la actitud a la innovación, la productividad y el sentimiento de ser útiles saldrán reforzados de los contactos que se establecerán entre personas que viven una problemática similar.
Ello se realiza mediante el intercambio de experiencias entre los países de las dos regiones sobre las políticas judiciales que fomentan la cohesión social, la transmisión de elementos de la experiencia y modelos sociales europeos, la creación de redes y el establecimiento de vínculos personales y profesionales entre las propias autoridades latinoamericanas y con sus homólogos europeos. EUROsociAL trata de reforzar políticas, procesos o actuaciones de reforma, en marcha o en preparación, iniciadas desde los poderes públicos de estos países.
La coordinación de la ejecución del Proyecto se asegura por la Unidad de Coordinación Ejecutiva, responsable de su administración ante el Consejo de Dirección del Consorcio que gestiona el Proyecto, que está liderado por la FIIAPP.
El objetivo que busca EUROsocial Justicia con estas iniciativas es contribuir a la difusión de los mecanismos de la administración de Justicia entre los ciudadanos, así como de los instrumentos a su alcance (haciendo que sean reales) para lograr su disfrute pleno, de modo que, mediante esta interacción se consiga una administración de Justicia más honesta, eficaz y cercana. Conseguir este objetivo supone acercarnos mas a la consecución de una verdadera cohesión social.
COHESION SOCIAL
Para Eurosocial, la cohesión social es un atributo de las sociedades que implica la igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo a la diversidad. Desde una perspectiva individual, la cohesión social supone la existencia de personas que se sienten parte de una comunidad, participan activamente en diversos ámbitos de decisión y son capaces de ejercer una ciudadanía activa. La cohesión social también implica el desarrollo de políticas públicas y mecanismos de solidaridad entre individuos, colectivos, territorios y generaciones.
La cohesión social, entendida de esta manera, es un objetivo de la acción pública, ya que garantizar que el conjunto de la ciudadanía pueda ejercer sus derechos fundamentales forma parte de las obligaciones del Estado. Pero también es un medio para, como afirma la Comisión Europea, luchar contra la pobreza y la exclusión, asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico y consolidar la legitimidad de los regímenes democráticos y sus instituciones. Esto es especialmente relevante para una región como América Latina, el sub-continente más desigual del mundo pese a no ser el más pobre.
La cohesión social es un fenómeno integral (un resultado —social— de diversas acciones colectivas que interactúan de manera compleja) que sólo puede ser comprendido en un contexto espacial y temporal específico. La manera en que se percibe la cohesión social no es la misma en Francia y en El Salvador. Tampoco es la misma en la Francia actual que en la de los años ochenta. Las políticas de cohesión deben, por lo tanto, ser adaptadas de acuerdo con los objetivos específicos que se persigan, así como con los contextos en los que se realizan.
Desde la práctica, sin embargo, es posible —e incluso deseable— definir dimensiones para el análisis, que pueden también traducirse en áreas de acción política e institucional. Las dimensiones son entendidas como perspectivas interrelacionadas que permiten aprehender el concepto de cohesión social considerando sus características más relevantes.
De la propia definición del concepto es posible extraer una primera definición de tres dimensiones de análisis esenciales:
- Una dimensión de la cohesión social destacaría el acceso, con igualdad de oportunidades y sin discriminación, a activos y servicios públicos de calidad que permitan a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos fundamentales;
- La dimensión más “política” refiere a la necesaria acción del Estado para asegurar la existencia de políticas y mecanismos (públicos) de inclusión e integración;
- Finalmente, desde una dimensión que pone el acento en las personas, la cohesión social implica la construcción de ciudadanía y de sentimientos de pertenencia, sobre todo a través de la participación activa de distintos colectivos en la construcción de un espacio público que facilite la búsqueda de objetivos comunes.
Estas tres dimensiones no constituyen compartimentos estancos. Se trata de tres maneras de observar una misma realidad, aunque con diferentes énfasis: la primera se concentra, sobre todo, en los dispositivos sociales de “acceso al bienestar”; la segunda en mecanismos políticos de inclusión y la tercera en ámbitos ciudadanos de participación y generación de identidad. Todas estas miradas posibles a la cohesión social deben considerar, asimismo, algunas cuestiones transversales, entre las que es posible destacar la solidaridad territorial y la igualdad de género como elementos centrales de cualquier reflexión centrada en la inclusión.
JUSTICIA Y COHESION SOCIAL
La Justicia es una pieza esencial para conseguir una cohesión social efectiva y verdadera en todos y cada uno de los países iberoamericanos. Porque es, en su seno, desde donde se puede conseguir que la igualdad de oportunidades sea una realidad desde donde se puede combatir cualquier tipo de discriminación racial, social o de sexo, desde donde se puede materializar, en suma, la defensa de todos y cada uno de los derechos de la ciudadanía desde un plano de imparcialidad y de igualdad de trato.
El acceso efectivo y en condiciones materiales de igualdad a la justicia en América Latina constituye uno de los problemas con mayor contenido político, en cuanto engloba elementos esenciales del sistema político, como la eficacia del principio de igualdad ante la ley y del principio de la tutela judicial efectiva. Pobre contribución hará la Justicia a la lucha contra la exclusión social si no hace sino reproducir y consagrar las desigualdades económicas y sociales existentes, santificando la distancia entre la perfección formal de las normas, que establecen valores y principios, y la mera realidad de facto, que imposibilita su exigibilidad y su efectividad.
El sistema de justicia en la casi totalidad de los países de la región ha sido selectivo, excluyente y discriminatorio. Hoy ya se reconoce que el costo económico y social de la incertidumbre legal es muy alto para todos los sectores de la sociedad, pero es relativamente más alto para los pobres y excluidos quienes tienen mayores dificultades en lograr ser parte de la economía formal y, por tanto, para poder acceder a reclamar o exigir sus derechos ante la justicia formal, debiendo conformarse con sistemas legales y judiciales informales, en los que se expresan la inequidad, la exclusión y la discriminación. Esta falta de acceso al sistema legal y judicial, resulta a su vez en una falta de acceso al crédito, a la propiedad y a los sistemas formales de producción y trabajo, lo que va sumergiendo al ciudadano y a su familia en círculos de pobreza que van reproduciéndose en las siguientes generaciones.
Además, un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) evidencia que los niveles de confianza hacia la administración de justicia son muy bajos e incluso han tendido a la disminución en los últimos 7 años en todos los países de la región. Hay que diferenciar conceptualmente, no obstante, la mera insatisfacción del usuario, que puede sustentarse, en muchas ocasiones, en la mera recepción de una respuesta judicial distinta de la deseada, de la falta de confianza en el sistema judicial. Las razones son varias, pero las que interesan desde la comunicación son que:
Falta de transparencia en la facilitación de información y de abierta honestidad en el reconocimiento de errores y deficiencias.
Falta de estrategia de comunicación y de políticas comunicacionales aprobadas por las autoridades de las instituciones judiciales.
Falta de una política de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Ausencia de programas de atención a los sectores sociales de mayores necesidades y de servicios itinerantes que acerquen la atención a los necesitados.
Falta de una cultura del servidor público en los operadores de justicia, que en sus extremos se expresa en maltrato a los usuarios.
Son muchas las actuaciones que desde el sistema judicial puedan ponerse en marcha para tratar de eliminar las barreras u obstáculos que inciden en el acceso a la justicia. Desde el punto de vista de la comunicación institucional pueden destacarse las siguientes:
- Para generar confianza, hay que construir una relación directa con los ciudadanos, tendiendo puentes de comunicación y entendimiento.
- Hay que asumir la Justicia como un servicio público y sensibilizar a los propios operadores de Justicia en este sentido.
- Hay que establecer una política de transparencia con honestidad en el reconocimiento de los errores y los aciertos.
- Hay que establecer sistemas de rendición de cuentas sobre la propia actuación del sistema judicial, la asignación de presupuestos y la designación de jueces y fiscales.
- Hay que asumir compromisos de asumir desafíos para el cambio que vayan acompañados de programas concretos para acercar la justicia a la ciudadanía.
- Hay que expresar una voluntad de cambio y ser capaces de expresar concretamente qué se propone realizar para mejorar los servicios ofertados a la ciudadanía.
- Hay que ofrecer información sobre los casos de corrupción de manera objetiva para generar confianza.
- Es necesario propagar y desarrollar una pedagogía social sobre el valor de la Justicia en un Estado democrático de Derecho como pilar de la cohesión social.
- Es necesario realizar una amplia sensibilización interna sobre la calidad de atención a usuario y sobre los valores éticos y morales que deben acompañar este servicio.
- Es preciso incorporar planes operativos y estructurados de comunicación tanto internos como externos, y sensibilizar a los policy makers sobre la importancia de la comunicación y de la planificación estratégica.
- Son necesarias actividades de capacitación destinadas a periodistas sobre el funcionamiento del sistema judicial y sus valores, además de establecer reglas de juego claras para el desempeño de su labor.
En todo este proceso las organizaciones de la sociedad civil que incorporan al derecho y a la justicia como herramienta de modificaciones políticas y sociales deben ser un actor crítico externo relevante para impulsar cambios sustanciales y promover la apertura de líneas innovadoras de acceso a la justicia.
JUSTICIA Y COMUNICACIÓN
Como se ha puesto de manifiesto, en la consecución de estos objetivos la comunicación juega un papel muy importante. Ello ha sido reconocido ya formalmemente en distintos documentos de alcance regional,
Así ocurre con “Las reglas básicas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, establecidas en la Cumbre Judicial Iberoamericana de Brasilia, celebrada en marzo de 2008 (punto 99).
Lo mismo sucede, con un enfooque aun más general, en la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano”, aprobada por la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Cancún, México, entre el 27 y el 29 de noviembre de 2002, que afirma en su Preámbulo que “la eficacia de la justicia, sin duda, está vinculada a la accesibilidad, a la información, a la transparencia, e, incluso, a la simple amabilidad en el trato”.
Esta Carta de Derechos establece con toda nitidez los cinco pilares sobre los que se debe levantar una política de comunicación aplicable a todos los países iberoamericanos. Son:
Una justicia transparente.
Una justicia comprensible.
Una justicia atenta con todas las personas.
Una justicia responsable ante el ciudadano.
Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada.
“Es un derecho fundamental de la población tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa”, dice esta Carta.
Sin la existencia de una política de comunicación en materia de Justicia, la consecución de los objetivos básicos establecidos en la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano” quedarán en gran parte mermados porque el mensaje sólo llegará a aquella pequeña parte de la ciudadanía que haya tenido relación directa con la Administración de Justicia.
Las Redes regionales judiciales han reflexionado también sobre la relevancia de la comunicación institucional en el Sector y su trascendencia para facilitar el acceso a la justicia y la construcción de la ciudadanía, En efecto. Las Redes regionales iberoamericanas, reunidas en Antigua Guatemala en junio de 2007, definieron un gran abanico de acciones que deben promoverse desde la administración de Justicia que requieren de componentes comunicativos, estrategias, campañas e incluso políticas específicas de comunicación.
Así, tras afirmar, en lo que ahora nos interesa, que son problemas básicos de la Justicia en Latinoamérica la desconfianza por falta de información, la mala atención al ciudadano y el retraso judicial, se consideró que la adecuada información y el establecimiento de políticas de comunicación efectiva tiene una enorme relevancia, para llegar a la conclusión de que los sistemas de justicia tienen que reflexionar estratégicamente sobre cómo se comunican con el ciudadano y cómo se relacionan con los medios para que esa comunicación llegue.
Los temas que se analizaron fueron:
a) Desde la perspectiva de la información y comunicación:
- Políticas institucionales de comunicación:
o Se hizo referencia a la relevancia de las políticas de información y comunicación institucionales, en la necesidad de mejorar la relación con la prensa, el establecimiento de alianzas público-privadas en materia comunicacional, y la apertura de oficinas de comunicación al ciudadano.
o En materia comunicacional se hizo especial hincapié en la temática de género, y plantear la oportunidad de concentrar el tema en un ámbito específico, que sería la violencia de género.
- Educación legal ciudadana.
o Se debatió sobre la necesidad de educar a la población en el conocimiento de la existencia y contenido de sus derechos mediante campañas de educación legal.
o Se apuntó la necesidad de hacer campañas de difusión sobre los instrumentos legales que ya existen y sobre los sistemas para hacer efectivos los derechos y para demandar su protección jurisdiccional.
o Se apuntó la conveniencia de elaborar cartillas ciudadanas, con información fácil y comprensible sobre derechos y deberes.
- Calidad en la atención de los servidores públicos.
o Se insistió en la necesidad de mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos por parte de los servidores públicos, y de mejorar con carácter general los servicios de información y atención al ciudadano.
o Se analizó la necesidad de mejorar la concienciación ciudadana de los funcionarios públicos sobre la propia naturaleza de la función que ejercen como servidores públicos.
b) Desde la perspectiva de la rendición de cuentas y del control social.
- Participación ciudadana.
o Se constató la relevancia de iniciar procesos de sensibilización a los operadores de justicia sobre la propia necesidad de la participación ciudadana como cambio de paradigma frente a una tradición de instituciones que no rinden cuentas, y que permanecían ajenas a cualquier clase de control social.
- Mejora de los sistemas de transparencia
o Se hicieron indicaciones sobre la necesidad de mejorar la accesibilidad de los propios mecanismos y sistemas de transparencia ya instalados, para mejorar su accesibilidad y su uso por los ciudadanos. Estos mecanismos debieran ser más interactivos.
- Elaboración presupuestaria.
o Se discutió sobre la posibilidad de introducir técnicas de participación en la elaboración de presupuestos. Se analizó la conveniencia de introducir mecanismos de transparencia en la distribución presupuestaria.
- Observatorio de violencia contra las mujeres.
o Se hizo referencia a la conveniencia de instalar Observatorios de violencia de género, siguiendo las experiencias ya existentes, que faciliten el seguimiento y control de las políticas públicas existentes sobre la materia.
- Mejora de la información disponible.
o Se debatió sobre la oportunidad de elaborar una base d datos, con información suministrada por las instituciones, sobre las necesidades o retos que tienen en materia de participación ciudadana.
Teniendo en cuenta estas conclusiones se plantearon las siguientes acciones comunicativas y educativas:
a. Hacer planificación de políticas locales de justicia de manera participativa, por ejemplo haciendo consultas ciudadanas.
b. Articular los procesos de reforma y de políticas del sistema judicial a los procesos de desarrollo local.
c. Aplicar estrategias de mediación y concertación para constituir espacios de encuentros, de diálogos y de relaciones interpersonales entre operadores de justicia, la academia, las autoridades, los usuarios y actores sociales. Con el propósito es contribuir al fortalecimiento del Estado democrático de derecho, dentro de un encuadre de respeto y promoción de los derechos humanos y de construcción de políticas de acceso y administración de justicia.
d. Creación de instancias de decisión orgánicas que garanticen la transparencia y la participación ciudadana, por ejemplo Gerencia de Transparencia y Participación Ciudadana.
e. Formación de operadores de justicia en estrategias comunicativas y participativas para la relación con la ciudadanía (usuarios). Los servidores públicos deben también hacer una labor pedagógica para explicar a las y los ciudadanos sobre sus derechos, cómo ejercerlos y cómo proceder en cada caso según lo que se solicite. Por ejemplo, si una mujer quiere información sobre sus derechos a una pensión de alimentos, debe poder obtener la información pertinente sobre sus derechos y cómo proceder para hacer una demanda de pensión de alimentos, todo ello sin que haya sido necesario contratar un abogado.
f. Fomentar iniciativas de vigilancia ciudadana.
g. Crear alianzas de redes de comunicadores, radios y televisoras locales que trabajan comprometidos con la defensa de los derechos de colectivos vulnerables (ej: RED ANDI-defensa de los derechos de la infancia, CORAPE, ALER, Red Latinoamericana de Observatorios de Medios de Comunicación)
h. Red de voluntarios estudiantes y no estudiantes promotores de DDHH.
i. Concursos para periodistas, estudiantes de derecho, escolares, etc.
j. Servicio en línea a través del Internet para agilizar procedimientos. Esto implica poner módulos de Internet en las sedes judiciales al servicio de los usuarios y que cuenten con el apoyo de personal que oriente a las y los ciudadanos.
k. Acercar la justicia al ciudadano/a. Crear módulos de servicios básicos de justicia, donde se ubiquen la policía, médico legista, fiscal, orientadores legales, juzgados de primera instancia, con equipos itinerantes, esto es especialmente importe para la población de escasos recursos socio económicos.
l. Desconocimiento de los derechos fundamentales. Este es un indicador de cultura política que evidencia la fragilidad de la relación Estado/ciudadana(o), pues quién desconoce sus derechos, difícilmente puede incorporar una lógica ciudadana y apropiarse de lo público. El conocimiento de derechos ciudadanos puede pasar por la producción de material gráfico y audiovisual sobre derechos que podrían ser usados en distintos espacios (en los módulos de atención, en ferias ciudadanas, en eventos con organizaciones, etc). En ellos ilustrar los casos más recurrentes y poner casuística y explicar como se resolvieron las demandas judiciales.
m. Trabajo con medios de comunicación y Observatorios de Medios de Comunicación latinoamericanos (creados desde la sociedad civil) para el compromiso en la protección y defensa de los derechos de las mujeres y niños/as, visibilizando y colocándolos en la agenda pública.
n. Es también una apuesta en comunicación el fortalecer a los agentes estatales y sus instancias, especialmente aquellas vinculadas a comunicación como la oficina de participación ciudadana, de comunicación institucional, instancias de control interno, y otras áreas que se vinculen con las y los ciudadanos.
o. Campañas contra la discriminación. Los estudios demuestran que en América Latina las situaciones de discriminación afectan principalmente a la población en condiciones de mayor pobreza, por razones étnicas y por idioma. Existen experiencias de realización de spots de radio que escenifican situaciones de discriminación, pero no solo de las víctimas, sino también conductas de complicidad (“me cayo ante un acto de discriminación”) y también situaciones de reivindicación y solidaridad (“Oiga, a nadie se discrimina”).
p. Campañas contra la violencia de género que incluyan sensibilización para luchar contra la impunidad, sensibilización a los propios operadores de la justicia y a los ciudadanos y ciudadanas, información a las víctimas etc.
q. Campañas de comunicación para sensibilizar a los operadores de justicia sobre la propia necesidad de la participación ciudadana como cambio de paradigma frente a una tradición de instituciones que no rinden cuentas, y que permanecían ajenas a cualquier clase de control social.
r. Difundir metodologías ya existentes para introducir técnicas de participación en la elaboración de presupuestos.
OBLIGADOS A COMUNICAR
Y es que estamos, también desde las Instituciones Judiciales, obligados a comunicar. Nuestro tiempo ha sido definido repetidas veces como la “era de la comunicación”. El sistema nervioso de los sistemas democráticos son, precisamente, los medios de comunicación. A través de ellos, a través de las informaciones que distribuyen cada día se forjan estados de opinión entre la ciudadanía sobre los asuntos de cada país.
Los ciudadanos obtienen la mayor parte de la información a través de los medios de comunicación y, éstos últimos, como es lógico, suelen destacar aquello que es más llamativo o genera polémica y suelen obedecer a orientaciones políticas de los grupos de capital que los financian. Normalmente, estos medios enfocan la atención sobre lo que funciona mal o aparentemente mal, siguiendo fielmente el viejo dicho de que “la mala noticia siempre es noticia; la buena noticia, no”.
De esa forma, la imagen de la Justicia está condicionada por un pequeño número de casos que tienen una gran relevancia social, desdeñando multitud de casos en los que los agentes de la Justicia operan con honestidad y eficacia. Dependiendo de la cobertura mediática, la confianza en la justicia queda mermada o reforzada, lo cual tiene una repercusión inmediata.
A esto se une, además, el hecho de que, entre los ciudadanos, existe una disociación entre la imagen real de su justicia y la que perciben a través de películas y telefilmes, en su mayoría estadounidenses; se da la paradoja de que tienen mejor idea de cómo es y funciona la administración de justicia de ese país que la del suyo propio.
Resulta evidente, por lo tanto, que en nuestro tiempo, el mundo de la Justicia está obligado a comunicar por sí mismo, haciendo uso de las herramientas que tiene a su disposición. Debe llegar a la ciudadanía por otros canales alternativos, sin descuidar ni desmerecer los tradicionales -medios de comunicación públicos y privados-, adoptando una actitud activa.
Esto no debería verse como algo extraño. De hecho, lo extraño es que no se haga. Toda institución, compañía, sociedad o empresa de importancia que se precie cuenta con un equipo de comunicación y una estrategia clara de actuación. La reputación corporativa, un valor cuya alma es nada menos que la confianza pública, es lo más preciado que una institución como la Administración de Justicia posee. Por ello, es deseable contar con responsables de comunicación capaces de responder ante cualquier situación de crisis o aquellas que generen un gran interés informativo. Hay que actuar con rapidez, explicando públicamente lo ocurrido a la sociedad con el fin de llevar la tranquilidad y recuperar la confianza que se haya puesto en entredicho.
LA NECESIDAD DE POLITICAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA JUDICIAL
Uno de los desafíos a los que deben enfrentarse las instituciones del Sector Justicia es, por lo tanto, el de la comunicación. Superarlo supone lograr un discurso unívoco y distintivo y una estrategia de comunicación que sintonice las necesidades y los intereses de las poblaciones destinatarias con los objetivos institucionales.
Lo cierto es que, desde la comunicación, se puede mejorar la calidad de vida de las personas promoviendo procesos de apropiación del cambio, empleando estrategias educativas y de incidencia política desde la perspectiva de equidad y ciudadanía. Así entendida la comunicación es un objetivo de desarrollo, pero también una estrategia para el desarrollo, porque dinamiza procesos de interlocución entre las y los ciudadanos para que sean concientes de su realidad, reflexionen sobre ella y decidan juntos el horizonte del cambio y las rutas a seguir, creando vasos comunicantes mediadores entre las voluntades políticas y sociales.
Por último, la comunicación entendida como una estrategia permite construir espacios deliberativos e incluyentes para el fortalecimiento de la democracia y la viabilidad del desarrollo, elementos imprescindibles la cohesión social.
En este camino hay que tener presente la importancia de desarrollar estrategias de comunicación interna, destinada a sensibilizar a los propios miembros del sistema de justicia sobre la importancia de la comunicación institucional, y procesos de comunicación externa, orientados a los usuarios de la justicia y a la ciudadanía en general.
También es importante asumir que las estrategias de comunicación institucionales son complejas, y comprenden:
- Estrategias para la proyección de la imagen del sistema de justicia.
- Estrategias informativas, para la facilitación de información sobre las actividades judiciales de interés mediático.
- Estrategias comunicacionales, con carácter más proactivas, tendentes a establecer puentes de comunicación y contacto entre el sistema de justicia y la sociedad.
Y es que, como imagen, información y comunicación son empleados en ocasiones conceptos sinónimos, se suele incurrir en el error de invertir en actividades de información, pero no de comunicación. Se tiende a priorizar la difusión a través de los medios masivos y no dar la adecuada trascendencia, junto a esta necesaria actividad informativa, a los procesos de comunicación participativa que permiten a las comunidades apropiarse de la comunicación como un derecho, y de la misma manera participar en los programas y proyectos como sujetos, y no como simples objetos del desarrollo.
El establecimiento de estas políticas públicas de información y de comunicación permitirá:
Explicar, de un modo fácil y comprensible, cuáles son los principios, las características y la mecánica de funcionamiento del sistema judicial, aclarando el papel de cada uno de los intervinientes y poniendo especial énfasis en el del juez, como árbitro final.
Implicar a todos los agentes jurídicos, y en especial a los jueces, en este cometido.
Articular, en suma, una política de comunicación homogénea, precisa y eficaz a través de un conjunto de acciones periódicas, que haga realidad las aspiraciones establecidas en la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito judicial iberoamericano”.
Conseguir que los ciudadanos conozcan la Administración de Justicia y la consideren suya. “Se ama lo que se conoce y se desprecia o se teme lo que se desconoce”.
Transmitir que el Poder Judicial debe ser un poder independiente y accesible que trabaja para defender y garantizar sus derechos y para resolver y solucionar sus conflictos y problemas.
Para el desarrollo de estas estrategias, las instituciones del Sistema de Justicia deberían disponer de Unidades de comunicación fortalecidas que:
- Estén dotadas de los adecuados recursos humanos, medios materiales y económicos para prestar sus funciones correctamente.
- Cuenten con políticas comunicacionales claras y aprobadas por los policy makers institucionales, que fijen la hoja de ruta a seguir (ejes estratégicos, políticas, objetivos y metas, acciones, etc.).
- Dispongan de la formación profesional necesaria para realizar sus tareas con solvencia y eficacia.
- Prestando la debida atención al cuidado de la imagen institucional y a atender la realidad noticioso diaria, actividad ésta última de carácter más reactiva, desarrollen también una política de comunicación proactiva, con objetivos de más largo alcance.
- Recojan y transmitan a quienes corresponda en sus respectivas instituciones toda la información posible acerca de las percepciones que la ciudadanía tiene de sus actuaciones.
- Estudien la proyección de la imagen de las instituciones judicicales en los medios de comunicación.
- Desarrollen programas y actividades a incluir en programas educativos de primaria, secundaria y universitaria.
- Lleven a cabo actividades de formación interna en las instituciones de justicia.
- Creen y mantengan alianzas con otros organismos públicos (salud y educación), para dar respuestas integrales a los problemas de falta de acceso a la justicia.
Esta estrategia de comunicación integral debería nacer de la voluntad decidida de los hombres y mujeres que gobiernan y trabajan en el ámbito del sistema judicial. Y debería contar, para su éxito, con el apoyo y la activa, constante e interiorizada participación de todos los agentes jurídicos que conforman la Administración de Justicia, léase jueces, fiscales, defensoría pública, procuradurías, asociaciones de abogados, secretarios judiciales, funcionarios, etc.
EUROsocial JUSTICIA ha llevado a cabo, durante los dos primeros años de ejecución del Proyecto, una intensa tarea de sensibilización de todas las instituciones judiciales sobre el rol de las Instituciones Judiciales como factor relevante en la lucha contra la exclusión social.
Pero esta tarea de sensibilización no puede detenerse en las autoridades públicas judiciales. Es preciso que se multiplique este efecto mediante acciones de comunicación que hagan llegar al resto de los miembros de la organización judicial, así como a los ciudadanos, que la Justicia protege y garantiza los derechos de todos, siendo la piedra angular de la cohesión social en la democracia y que reconoce el derecho del acceso a la justicia de las personas más vulnerables.
Para ello, es necesario poner en marcha en cada país una estrategia específica encaminada a multiplicar el impacto de los mensajes comunicacionales lanzados hasta ahora y difundir el concepto de la Justicia como factor de lucha contra la exclusión social.
Naturalmente, es evidente que cada país es diferente a su vecino y posee características propias y específicas. La composición del Sector Justicia es distinta en cada país, como también lo es el grado de desarrollo institucional. En el ámbito comunicacional, por ejemplo, no es igual la situación en países como México o Brasil, que cuentan incluso con canal de televisión propio, que en países donde los medios son escasos. En algunos países las instituciones judiciales cuentan con personal profesional de la comunicación. En otros, no, por lo que la estrategia en la aplicación de las propuestas deberá adaptarse en cada caso, buscando alianzas y asociaciones con otros agentes para la puesta en marcha de las iniciativas que se planteen.
De hecho, y por esta razón, cualquier iniciativa que se ponga en marcha debe tener esto en cuenta.
No obstante lo anterior, es cierto que hay una necesidad común de definir estrategias de comunicación; que hay experiencias y buenas prácticas que pueden y deben ser compartidas; que hay identidad en muchos de los objetivos y mensajes comunicacionales y que, por tanto, hay instrumentos que pueden ser de utilidad para todos.
La creación de una red de comunicadores judiciales iberoamericanos puede contribuir a definir las líneas maestras o bases de una política informativa y comunicacional a nivel iberoamericano, que contribuya a dotar a los ciudadanos de toda la información e instrumentos necesarios para la real exigencia y disfrute de esos derechos y, al tiempo, hacerles saber las iniciativas que en ese terreno están tomando los poderes públicos de modo que la brecha de desconocimiento y desconfianza se vaya reduciendo a buen ritmo.
Por esta razón, parece oportuno abrir un espacio en el que responsables de comunicación de las instituciones judiciales europeas y latinoamericanas puedan reflexionar sobre estrategias comunes de comunicación en materia de justicia y cohesión social y puedan debatir sobre la oportunidad y conveniencia de:
1. Desarrollar una alianza estratégica entre los responsables de comunicación de las instituciones iberoamericanas y europeas, mediante la creación de una red coordinada de trabajo y de intercambio de información significativa.
2. Propiciar un intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de comunicación institucional que sensibilicen a la ciudadanía, fomentando un sistema de justicia más transparente, contribuyendo a una mayor cohesión social y haciendo visibles los esfuerzos que sus instituciones llevan a cabo en este sentido.
3. Impulsar, definir y desarrollar una estrategia de comunicación conjunta para difundir tres enfoques fundamentales de la cohesión social:
a. Acceso pleno de la ciudadanía a la Justicia.
b. Liderazgo del Estado y sus instituciones públicas.
c. Participación ciudadana.
4. Iniciar la elaboración de una Declaración de Principios o de unas Reglas Básicas de la Comunicación Institucional en materia de Justicia, que pueda ser respaldada por las Redes regionales judiciales y que pueda ser luego suscrita y difundido por las instituciones judiciales de los distintos países latinoamericanos.
HACIA UNAS REGLAS BASICAS O DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN JUDICIAL EN LATINOAMERICA
Las instituciones judiciales latinoamericanas deberían explorar la oportunidad de elaborar y aprobar unas reglas básicas en materia de imagen institucional, políticas de información judicial y políticas comunicacionales.
La misión de estas reglas sería establecer los principios, los valores y algunas orientaciones que permitan mejorar la relación entre las instituciones de los sistemas de justicia y la sociedad para avanzar hacia una mejor cohesión social.
El objetivo o visión futura es que las Autoridades responsables de las instituciones judiciales, a través de las Redes regionales en que están articuladas, participen (lideren) en la elaboración y aprobación de estas Reglas, lo que las dotará de la mayor cobertura y legitimidad.
El contenido básico de estas reglas debiera ser:
- Objetivos de las Reglas;
- Principios y valores;
- Orientaciones sobre la necesidad de establecimiento y aprobación de políticas comunicacionales en cada una de las instituciones del sistema de justicia.
- Orientaciones sobre los servicios y unidades de comunicación institucional: recursos humanos, medios materiales, medios económicos, capacitación profesional, dependencia orgánica.
- Población meta: usuarios internos (autoridades y empleados en las instituciones judiciales) y externos (ciudadanía en general, con especial énfasis en los medios de comunicación y en los actores de la sociedad civil).
- Ejes integrantes de las políticas comunicacionales: atención y cuidado a la proyección de la imagen de las Instituciones; política informativa (atención a medios, transmisión de información sobre hechos noticiosos y sobre la actividad institucional); política comunicacional.
La elaboración de estas reglas básicas o declaración de principios debe abordarse mediante el liderazgo de todas las instituciones de los Sistemas de Justicia (Poder Judicial, Ministerios Públicos, Defensorías Públicas, Ministerios de Justicia, Defensorías del Pueblo, etc), y con la participación de la Red de Comunicadores de la Justicia, de las propias autoridades del sector y de las Redes Regionales en que se integran, y con apertura a comunicadores especializados en temas judiciales y a actores relevantes de la sociedad civil. A tal efecto se aprovecharán los eventos que tendrán lugar durante los próximos meses en el marco de Eurosocial Justicia y de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en los que tomarán parte las referidas Redes regionales judiciales y las instituciones judiciales latinoamericanas.
Las Reglas o Declaración de Principios debe constituir el mejor instrumento para que las instituciones judiciales puedan desarrollar sus propias Políticas Institucionales en materia de comunicación judicial, y, para el desarrollo e implementación de las mismas, de sus Planes Estratégicos de Desarrollo y sus correspondientes Planes Operativos.
Tales Planes Operativos debieran comprender Protocolos de Comunicación, que fijen el prontuario de reglas y pautas de conducta que debieran regir las relaciones entre instituciones judiciales, los miembros de las propias instituciones y los usuarios de los servicios judiciales, así como con la ciudadanía en general y, en particular con los medios de comunicación.
La XV Cumbre Judicial Iberoamericana impulsa un proyecto destinado a la creación de un canal judicial audiovisual iberoamericano así como de una red de comunicadores de los poderes judiciales. El grupo de trabajo que desarrolla este proyecto, en su primera reunión celebrada los pasados días 11 a 13 de marzo en San José, Costa Rica, decidió crear un blog destinado a intercambiar ideas, comentarios y materiales sobre el proyecto. Este blog puede evolucionar en el futuro, si el proyecto es finalmente aprobado por la Asamblea Plenaria de Presidentes, en un blog de la Red de Comunicadores de los Poderes Judiciales. El blog no es un recurso cerrado, por lo que damos la bienvenida a cualesquiera personas interesadas en este proyecto, a fin de que pueda hacernos llegar sus comentarios e inquietudes.
