COSTA RICA APRUEBA POLÍTICA DE ACCESIBILIDAD EN EL PODER JUDICIAL

Noticia enviada por Fabián Barrantes
Departamento de Prensa y Comunicación
Poder Judicial , Costa Rica


Consecuente con su compromiso de trabajar en la defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica aprobó esta semana la Declaración de Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad con lo cual este Poder de la República se convierte en pionero en América Latina en contar con un instrumento oficial que permita garantizar el acceso de esta población a los diferentes servicios judiciales.

En la elaboración de esta propuesta participaron activamente los integrantes de la Comisión de Accesibilidad del Poder Judicial, coordinada por la magistrada Anabelle León, quienes representan a los sectores administrativos, a los órganos auxiliares de la administración de justicia y a los principales grupos organizados dentro del Poder Judicial.

Según los promotores de dicha iniciativa, se trata de una clara manifestación de profundo respeto al principio de igualdad de oportunidades que procura asegurar que todas las acciones del quehacer judicial incorporen y posibiliten la transversalidad de la discapacidad como un proceso integral que incluye la implementación de la política, monitoreo, evaluación y programas para que todos los servicios se brinden en condición de igualdad y equidad.

También la “Política de Igualdad para Personas con Discapacidad” incorpora los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así como el ordenamiento jurídico nacional que establece las obligaciones estatales dirigidas hacia este sector. Además plantea y orienta las medidas a tomar en las diferentes dimensiones de trabajo en la administración de justicia, tomando en cuenta principios básicos como la no discriminación, equiparación, no violencia, respeto a la diversidad, participación conforme a la edad cronológica, autorepresentación, entre otros.

Asimismo se establecen las líneas de acción a seguir en todos los ámbitos del Poder Judicial cuya ejecución corresponderá a distintas áreas estratégicas que incluyen los procesos de selección de personal, capacitación en esta materia, programas de comunicación, e información, señalización, desarrollo de tecnología accesible, procedimientos, organización administrativa y otras acciones institucionales que contribuyan con el cumplimiento de esta declaración.

En ese sentido todos los sectores de la institución están obligados a someter sus tareas a estos lineamientos aprobados por la máxima jerarquía con el fin de lograr una administración de justicia de calidad en procura de mejores condiciones para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.